Nuevo intento de Volga-Dnepr para evitar la incautación de su avión retenido en Toronto
Volga-Dnepr inicia, por segunda vez, una acción legal para evitar que Canadá confisque su An-124, retenido en Toronto.
Volga-Dnepr Airlines ha iniciado un segundo y nuevo recurso legal para evitar la confiscación definitiva de su Antonov An-124 retenido en Canadá desde 2022, en el marco de una disputa que combina elementos judiciales y diplomáticos, y que podría establecer un precedente para el tratamiento de activos extranjeros bajo sanciones internacionales.
El conflicto se centra en un avión que aterrizó en Toronto en febrero de 2022 con una carga crítica de pruebas de COVID-19 provenientes de China, solicitadas por el gobierno canadiense. Tras la invasión rusa a Ucrania, Canadá cerró su espacio aéreo a operadores rusos y prohibió la salida de la aeronave, dejándola en suelo canadiense de forma indefinida. Posteriormente, fue objeto de sanciones directas en abril del mismo año y, en 2023, se ordenó su incautación.
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El caso entró en una nueva fase el 18 de marzo de 2025, cuando el Fiscal General de Canadá presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Ontario solicitando la confiscación formal del avión a favor del Estado, invocando la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA). La acción legal también involucra a empresas asociadas a Volga-Dnepr en Rusia e Irlanda, al fundador del grupo, Alexey Isaikin, y a Sberbank, entidad que financió el avión bajo un contrato de leasing. Todos los involucrados figuran en la lista de sancionados por el gobierno canadiense.
Como respuesta, la aerolínea presentó un pedido de medidas provisionales, argumentando que el procedimiento iniciado por Canadá representa una violación al Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Canadá y la URSS en 1989. En agosto de 2024, Volga-Dnepr ya había iniciado un arbitraje internacional, reclamando una indemnización de 100 millones de dólares por la supuesta expropiación ilegal del avión.
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En un comunicado emitido el 13 de mayo, la compañía calificó las acciones del gobierno canadiense como un “secuestro pirata” y denunció una “inspección ilegal” del avión en preparación para su posible transferencia a un tercero. La empresa pidió a los árbitros del caso que ordenen a Canadá abstenerse de ejecutar cualquier acción sobre la aeronave hasta que se dicte un fallo definitivo.
La defensa de Volga-Dnepr sostiene que la orden de incautación modificada en febrero de 2025 forma parte de un plan estatal para apropiarse del avión. Abogados cercanos al caso indicaron al medio ruso Kommersant que el desenlace dependerá en gran medida de factores geopolíticos y que el proceso judicial podría extenderse durante años.
El caso no solo implica el ámbito judicial canadiense, sino que se desarrolla también en el plano del derecho internacional, lo que lo convierte en un caso de estudio sobre la interacción entre sanciones, propiedad extranjera y arbitraje de inversiones. Especialistas advierten que se trata del primer intento dentro del G7 de pasar de la mera congelación de activos rusos a su confiscación total, lo que podría abrir la puerta a medidas similares en otros países.
Si bien el arbitraje internacional ha comenzado a mostrar una mayor disposición a aceptar solicitudes de medidas provisionales, los expertos recuerdan que estas no tienen carácter vinculante. Sin embargo, su incumplimiento por parte de un Estado puede ser considerado negativamente por los tribunales arbitrales al momento de dictar un fallo.
En este contexto, la decisión final podría afectar no solo a Volga-Dnepr, sino también a la manera en que los países gestionan los activos extranjeros en su territorio, especialmente en situaciones de conflicto diplomático o sanciones multilaterales.
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Pasajero de destino variable sin alojamiento. Y a veces gráfico and english feed en Aviacionline
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