Echaron a autoridades de la Junta de Seguridad en el Transporte por gastos no autorizados

El presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Julián Obaid, y el Director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos, fueron desvinculados del organismo dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación por la realización de gastos no autorizados y por otra serie de irregularidades detectada.

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La medida fue tomada por el secretario de Transporte, Franco Mogetta y a los funcionarios se les acusa de haber contratado “servicios de catering por un monto superior a 13 millones de pesos, que el organismo realizó entre el mes de mayo y septiembre del corriente año sin autorización de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y a raíz de otras irregularidades detectadas que ya están siendo investigadas”.

Catering millonario

“Debido a la contratación de un servicio de catering por 13 millones de pesos y de diversas irregularidades detectadas sobre la Junta de Seguridad en el Transporte, hemos decidido desvincular al titular de la JST Julián Obaid y al Director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos, responsables de este gasto no autorizado”, señaló hoy Mogetta a través de su cuenta en la red social X.

Indicó que, “a su vez, se enviará desde la Secretaría de Transporte un equipo de seguimiento de gestión para analizar minuciosamente cada una de estas irregularidades y para auditar internamente cada peso que entró y salió del organismo”.

“En línea con el ministro de Economía, Luis Caputo y el Presidente de la Nación, Javier Milei, no vamos tolerar que se utilicen recursos públicos para beneficio de la clase política”, concluye afirmando el funcionario.

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Por una publicación

Las irregularidades salieron a la luz a partir de una nota publicada hoy en Noticias Argentinas, donde se brindan detalles de la compra y el monto de los gastos.

Desde la Secretaría de Transporte se enfatizó en que “no se va a tolerar que desde ningún organismo se realicen gastos en cuestiones que no son prioritarias y que representan un despilfarro de los recursos de todos los argentinos”.

Y remarcan que “los sucesos encontrados serán investigados y los funcionarios serán apartados de su función pública. De ser necesario, se tomarán las acciones judiciales correspondientes con los responsables”.