Corte obliga al MOP a negociar con Nuevo Pudahuel por efectos de la pandemia en la concesión del aeropuerto de Santiago
El MOP deberá entablar negociaciones con la concesionaria del aeropuerto tras fallo que reconoce efectos económicos del covid-19.
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El Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) deberá iniciar un proceso de negociación con la concesionaria Nuevo Pudahuel, operadora del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara un recurso de queja presentado por la cartera. La resolución confirma un fallo emitido por la Comisión Arbitral, que obliga a restablecer la conmutatividad del contrato de concesión afectado por la pandemia de covid-19.
El origen del conflicto: pandemia y caída de la demanda
La controversia se remonta a 2021, cuando las restricciones de movilidad impuestas durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el contexto de la emergencia sanitaria, provocaron una fuerte caída en el tráfico de pasajeros.
Según Nuevo Pudahuel, esta situación alteró gravemente el equilibrio económico del contrato de concesión, generando una pérdida significativa de ingresos que, a su juicio, justificaba una compensación o modificación contractual.
Frente a esto, la empresa acudió a la Comisión Arbitral, argumentando que las condiciones contractuales habían sido afectadas por un hecho sobreviniente extraordinario —la pandemia— que excedía los riesgos asumidos por la concesionaria al momento de firmar el contrato.
La posición del MOP
El Ministerio de Obras Públicas rechazó estos argumentos, afirmando que la caída en la demanda de pasajeros es un riesgo inherente al modelo de concesiones y que las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria durante la pandemia fueron de carácter general, sin afectar de forma particular a la industria aérea.
Por tanto, según el MOP, no correspondía compensación alguna bajo la Ley de Concesiones, ni podía considerarse la pandemia como un "hecho del príncipe" que justificara una modificación unilateral del contrato.
La decisión arbitral y la reacción del Estado
En 2023, la Comisión Arbitral falló en contra de la demanda principal y la primera subsidiaria presentada por Nuevo Pudahuel, pero acogió parcialmente una segunda demanda subsidiaria, reconociendo que la pandemia sí había alterado la conmutatividad del contrato. En consecuencia, ordenó a ambas partes a negociar de buena fe una modificación contractual dentro de un plazo máximo de seis meses.
El MOP respondió con un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando “falta o abuso grave” por parte de los jueces árbitros, y solicitando la anulación de la sentencia arbitral.
Rechazo del recurso y ratificación del fallo
La Corte desestimó el recurso presentado por el MOP, señalando que los fundamentos de la queja se basaban en discrepancias de interpretación con los árbitros y no en faltas procesales graves. Según el tribunal, el fallo arbitral se enmarcó dentro de las competencias legales de los jueces, no fue irracional ni contradictorio, y no vulneró principios generales del derecho.
Con esta decisión, queda firme la obligación del MOP de entablar negociaciones con la concesionaria para restablecer el equilibrio económico del contrato, afectado por un evento no previsto como fue la emergencia sanitaria global.
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