Air Canada es condenada a pagar más de USD 7 millones a pasajeros por no informar recargos en sus tarifas
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Air Canada fue condenada a pagar más de 10 millones de dólares canadienses (~USD 7,2 millones) en concepto de daños a pasajeros que participaron en una demanda colectiva por cargos superiores a los precios publicitados de sus boletos, informó el diario Woodstock Sentinel-Review.
La resolución, emitida esta semana por la Corte de Apelaciones de Quebec, concluyó que la compañía mostró "negligencia grave" y priorizó sus intereses comerciales por encima de la protección al consumidor, al omitir incluir ciertas tarifas adicionales en el precio inicial de los pasajes.
El caso se originó a partir de una queja presentada en 2010 por el ciudadano de Montreal Michael Silas y una organización de defensa del consumidor. Ambos denunciaron que los boletos adquiridos a través del sitio web de la aerolínea no reflejaban recargos como suplementos de combustible, contraviniendo una ley provincial de protección al consumidor recientemente implementada.
Según destaca el Woodstock Sentinel-Review, Silas descubrió que el monto final a pagar incluía CAD 124 extra (~USD 89) respecto del precio mostrado en el primer paso de compra. La demanda argumentó que esta práctica afectaba el derecho de los consumidores a tomar decisiones informadas.
La Corte, presidida por la jueza Judith Harvie, cuestionó la postura de Air Canada, que durante el proceso sostuvo que su actividad estaba regulada a nivel federal y no provincial. En su fallo, Harvie calificó el accionar de la empresa como "serio" y "deliberado", y consideró que la conducta ameritaba la imposición de daños punitivos para desalentar futuras infracciones.
La sentencia revierte un fallo previo de un tribunal inferior, que había confirmado la infracción, pero descartado el otorgamiento de indemnizaciones por falta de perjuicio concreto.
Air Canada, que ya no discute el incumplimiento legal, anunció que está evaluando la posibilidad de apelar la decisión. Un portavoz de la empresa, Peter Fitzpatrick, citado por el Woodstock Sentinel-Review, sostuvo que el conflicto se basa en "una diferencia de interpretación entre leyes provinciales y federales" vigente antes de 2012, año en el que, según indicó, la jurisprudencia aclaró estos aspectos.
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