Militares de EE. UU. piden garantías legales por ataques en el Caribe
La escalada militar en el Caribe inquieta a las propias fuerzas de EE. UU. que operan en la zona.
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Miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que operan en el Caribe han solicitado a sus mandos garantías jurídicas que los eximan de responsabilidad por las acciones contra supuestas embarcaciones que Washington vincula con organizaciones narcotraficantes procedentes de Venezuela. La revelación, publicada por el portal POLITICO, subraya una creciente preocupación por la legalidad de los ataques, que han escalado la tensión en la región y que, según fuentes oficiales, ya dejaron un saldo de al menos 14 muertos.
Un despliegue militar sin presedentes desde la invación de Panamá
Desde inicios de septiembre, la administración Trump intensificó su presencia militar en la región, que es la más grande desde la invasión de Panamá en 1989, con el despliegue de más de 4,500 efectivos bajo el Comando Sur (SOUTHCOM), que incluye instrumentos de alto valor militar, como:
- Activos Navales: Destructores clase Arleigh Burke (USS Jason Dunham, USS Gravely, USS Sampson), cruceros de misiles guiados, buques de asalto anfibio (USS Iwo Jima y USS San Antonio), y submarinos de ataque nuclear.
- Activos Aéreos: Una escuadrilla de diez cazas F-35B Lightning II en Puerto Rico, así como aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon para vigilancia.
El Pentágono sostiene que estos medios, que en conjunto representan un poder militar formidable en la región, participan en operaciones antinarcóticos, destinadas a desarticular redes de narcotráfico transnacional que representarían una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.
Los ataques recientes incluyeron la destrucción de al menos dos embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de presuntos narcotraficantes abatidos. Comunicados de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa enfatizaron que se trataba de “narcoterroristas extremadamente violentos” vinculados a Venezuela.
Riesgos legales y pedidos de protección
De acuerdo con la información publicada por POLITICO, oficiales desplegados han solicitado a sus mandos cartas o documentos que los eximan de responsabilidad personal por las acciones letales contra estas embarcaciones. El planteo refleja las friciones políticas existentes en Washington, desatadas por la política de Donald Trump para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. La diferencia entre una operación de interdicción policial y un escenario de conflicto armado tiene implicancias directas en la aplicación del derecho internacional y en la responsabilidad individual de los ejecutores.
Aunque el gobierno estadounidense ha mostrado un video a través de sus canales oficiales en redes sociales que respalda la narrativa de un ataque exitoso contra narcotraficantes, no se ha proporcionado evidencia concluyente de que los barcos transportaran estupefacientes.
En paralelo, legisladores demócratas como Adam Schiff y Tim Kaine advirtieron sobre la falta de autorización del Congreso norteamericano para operaciones militares ofensivas en el Caribe. Ambos impulsan medidas para obligar al Ejecutivo a justificar la legalidad de los ataques bajo la Ley de Poderes de Guerra.
Buscando que Venezuela cometa un error
El refuerzo militar estadounidense coincidió con un incidente protagonizado por cazas F-16 de la Aviación Militar Bolivariana, que sobrevolaron al USS Jason Dunham en aguas internacionales. El Pentágono calificó la maniobra de “provocativa” y advirtió a Caracas que se abstenga de interferir con las operaciones antinarcóticos.
Resulta muy sospechoso que, en el Caribe, Washington disponga de medios suficientes para interceptar e inmovilizar embarcaciones sospechosas, como efectivamente hace en el teatro del Pacífico, pero haya optado aquí por la aniquilación directa de los llamados “narco-botes”.
Esta estrategia, más que orientada a la captura de redes criminales, parece destinada a crear un casus belli contra el gobierno de Maduro, al tiempo que instala una advertencia a la región sobre la determinación de Estados Unidos. En este contexto, un error de cálculo de Caracas podría brindar a Trump la excusa política y militar necesaria para lanzar una acción más amplia.
Venezuela, por su parte, rechaza las acusaciones de narcotráfico y acusa a Washington de utilizar la lucha antidrogas como pretexto para ejercer presión militar y política sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La situación en el Caribe es de alta inestabilidad, y podría devenir en un conflicto armado en el que Venezuela se lleve la peor parte.
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