Intercargo: APA presenta amparo judicial contra su privatización
La Asociación del Personal Aeronáutico solicitó a la Justicia que suspenda el decreto que autoriza la privatización de Intercargo, alegando que la empresa es rentable y no fue tasada.
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) inició una acción de amparo ante la Justicia Federal con el objetivo de suspender los efectos del Decreto 198/2025, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional autorizó la privatización total de Intercargo S.A.U., empresa estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos del país.
Según consta en el escrito judicial, el sindicato considera que el decreto viola la Constitución Nacional, adolece de fundamento legal y se basa en una causa falsa, ya que Intercargo habría registrado un superávit superior a los 17.000 millones de pesos en 2024, sin asistencia del Tesoro Nacional. Esta información figura en el “Informe de Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas” correspondiente al cuarto trimestre de ese año, publicado por la Oficina Nacional del Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda.
El gremio también señaló que el mismo informe oficial reconoce que la “elevada antigüedad del personal” complica la aplicación de “flexibilizaciones acordes con las necesidades operativas”, lo que —según APA— expone un trasfondo ideológico en la decisión del Ejecutivo. Desde la organización sindical entienden que el objetivo real de la privatización es “eliminar derechos laborales protegidos”, como la estabilidad en el empleo y la protección contra despidos arbitrarios, contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución.
Otro aspecto señalado en la demanda es la presunta violación de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que establece la obligación de realizar una tasación previa antes de avanzar con la privatización de una empresa pública. APA remarcó que el Tribunal de Tasaciones de la Nación reconoció no estar en condiciones de efectuar dicha valuación, lo que pone en duda la legalidad del procedimiento.
“Están intentando privatizar una empresa rentable sin saber cuánto vale, basados en argumentos falsos, y con el único objetivo de desmantelar el Estado y facilitar despidos”, expresó el secretario general de APA, Edgardo Llano.
Ante esta situación, APA solicitó a la Justicia una medida cautelar de no innovar, para frenar el proceso licitatorio hasta tanto se resuelva el fondo del planteo judicial.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión