Una funcionaria de Migración Colombia fue detenida tras una investigación que evidenció su presunta participación en un esquema de exigencia de dinero a pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado. De acuerdo con las autoridades, la mujer habría utilizado su cargo para obstaculizar la salida del país a viajeros que, a cambio de no ser retenidos, entregaban sumas de hasta 3.500 dólares. 

Según lo informado por el diario El Tiempo, el caso fue documentado mediante una investigación conjunta entre Migración Colombia, la Dijín, a través del Grupo de Investigaciones Especiales del Área Investigativa Anticorrupción, y la Fiscalía General de la Nación. Las indagaciones, originadas por denuncias ciudadanas, llevaron a identificar comportamientos irregulares por parte de la funcionaria, quien laboraba en el módulo 19 de la zona de abordaje internacional. Recientemente en el Aeropuerto Internacional José Maria Córdova de Rionegro, Antioquia, se realizó una  jornada, que buscó reforzar la seguridad en el aeropuerto y promover el uso exclusivo de transporte público autorizado, debido a diferentes denuncias por robos en dicha terminal aérea.

En este caso de El Dorado, las pruebas incluyen grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa a la mujer dialogando con viajeros, revisando documentos durante varios minutos junto a un supervisor, y recibiendo sobres presuntamente con dinero en efectivo. En los registros también se aprecia cómo, tras recibir estos elementos, la funcionaria devolvía los pasaportes a los pasajeros, permitiéndoles avanzar en el proceso migratorio.

La hipótesis de los investigadores indica que los cobros ilegales se dirigían principalmente a personas sin documentación completa, a quienes se les presionaba con la excusa de incumplimientos administrativos. Según Migración Colombia, además de solicitar dinero, la funcionaria habría ignorado requisitos migratorios establecidos.

La mujer fue judicializada por el delito de concusión en concurso homogéneo, cuya pena oscila entre 96 y 180 meses de prisión. La Fiscalía impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras continúa el proceso. Las autoridades no descartan que haga parte de una red mayor de tráfico de migrantes en la terminal aérea.