El gobierno apuntó a los gremios, pero las amenazas a Aeroparque y Ezeiza las hizo un "llamador serial" de 20 años
Mientras se especulaba con represalias sindicales, la policía seguía la pista de un joven que usaba VPN para realizar amenazas desde Córdoba.
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Un joven de 20 años fue detenido el 8 de agosto en La Falda, Córdoba, como el presunto autor de una serie de amenazas de bomba que, el pasado 23 de julio, provocaron demoras y cancelaciones en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE). Su captura contradice las sospechas iniciales de fuentes gubernamentales, que apuntaban a una posible motivación política o gremial detrás de los incidentes.
De acuerdo con lo reportado por Clarín, la detención fue el resultado de un operativo conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba, bajo órdenes del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena.
El acusado enfrenta ahora cargos por "intimidación pública". Según la investigación, habría realizado al menos 35 comunicaciones falsas al servicio de emergencias 911 entre junio y julio, que incluían no solo las amenazas a vuelos, sino también alertas sobre tiroteos y detonaciones inexistentes.
El 23 de julio, las amenazas afectaron directamente a tres vuelos: el AR1411 de Aerolíneas Argentinas, que llegaba a Ezeiza desde Mendoza; el AR1370, también de Aerolíneas Argentinas, con destino a Cancún desde Ezeiza; y el vuelo 5162 de Flybondi, que debía partir de Aeroparque hacia Salta. La activación de los protocolos de seguridad generó una importante disrupción en un período de alta demanda por las vacaciones de invierno.
¿Qué pasó con las amenazas de bomba?
Un joven de 20 años fue detenido en Córdoba, acusado de realizar 35 llamadas falsas, incluidas las amenazas a vuelos en Ezeiza y Aeroparque el 23 de julio. La detención pone en duda las primeras versiones gubernamentales que apuntaban a un conflicto gremial. El detenido enfrenta cargos por "intimidación pública".
La investigación tecnológica fue clave para identificar al sospechoso, quien operaba con cierto grado de sofisticación. Utilizaba servicios de telefonía IP contratados con correos electrónicos falsos, realizaba pagos a través de billeteras virtuales y ocultaba su ubicación real mediante el uso de una Red Privada Virtual (VPN).
Este perfil técnico y el carácter serial y variado de sus llamados se distancian de la hipótesis que circuló en los momentos posteriores a los incidentes. En aquella oportunidad, fuentes cercanas a la Secretaría de Transporte indicaron que los hechos podían guardar relación con conflictos laborales, sugiriendo que las amenazas buscaban "molestar la operación que viene más que bien en vacaciones de invierno". La detención del joven en Córdoba, sin aparentes vínculos con agrupaciones sindicales, desdibuja esa línea de investigación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al arresto en sus redes sociales y afirmó que "esto no es un juego. Acá no se jode. Las haces, las pagas". En su mensaje, destacó el perjuicio ocasionado por el acusado, quien "paralizó los aeropuertos, arruinó el viaje de miles de personas y le hizo pagar a todos los argentinos el costo de un enorme operativo de seguridad".
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