Se derrumban acciones de grupos aeroportuarios mexicanos tras medida tarifaria del gobierno federal

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Luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México comunicara ayer una modificación de las bases de regulación tarifaria en los aeropuertos de los tres principales concesionarios del país, este jueves las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) se derrumbaron hasta un 44%, lo que obligó a que la Bolsa Mexicana de Valores suspenda sus cotizaciones al arrastrar a todo el índice.

ASUR cayó -16,77% pero llegó a estar 33,4% por debajo del cierre del día anterior; GAP por su parte cerró con una caída del 22,28% luego de caer hasta 33,5%; mientras que el valor de las acciones de OMA cerró derrumbándose 25,96%, con un piso de -44,07% hasta la suspensión de la cotización.

Todavía no se conocen los alcances de las medidas del gobierno de Lopez Obrador sobre las operadoras aeroportuarias, pero las tres empresas emitieron sendos comunicados informando sobre los cambios y que estos están siendo evaluados para poder definir los impactos sobre sus respectivos negocios, resultados de operación y condición financiera.

ASUR opera nueve aeropuertos en el sureste de México, entre ellos una de las grandes joyas de la región: el de Cancún (junto a Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa). En el segundo trimestre de este año registró una utilidad neta de 2,649.4 millones de pesos mexicanos, 6,9% menos que durante el mismo período de 2022. La empresa también opera el aeropuerto José María Córdova de Medellín y tiene una participación del 60% del concesionario del aeropuerto Luis Muñoz Marin de San Juan de Puerto Rico. En total movilizaron 66.34 millones de pasajeros.

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GAP opera doce aeropuertos en el pacífico mexicano, entre los que se destacan Guadalajara y Tijuana, junto a Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato, Morelia, La Paz, Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo. También participa en la operación del aeropuerto Sangster de Montego Bay y el aeropuerto Norman Manley de Kingston, ambos en Jamaica. En el segundo trimestre de 2023 obtuvo una utilidad neta de 2,052.0 millones de pesos mexicanos, 8,8% menos que el mismo período del año anterior. En 2022 por sus aeropuertos pasaron 32,41 millones de pasajeros.

Por último, OMA es responsable de la operación en 13 aeropuertos mexicanos, entre ellos el de Monterrey y Acapulco, además de Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Durango, Mazatlán, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Zacatecas y Zihuatanejo. En el segundo trimestre de 2023 obtuvo una utilidad neta de 1,272 millones de pesos mexicanos, 37% más que en el mismo período de 2022, año en el que movilizaron 23,22 millones de pasajeros.

Estos tres grupos son producto del proceso de privatización que el gobierno mexicano llevó adelante a fines de los 90, dividiendo 35 aeropuertos en cuatro grupos. A los tres ya mencionados se suma el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, de propiedad estatal.

Edgardo Gimenez Mazó
Edgardo Gimenez Mazó
Cofundador de Aviacionline.com. Redactor en Aviación Comercial e Infraestructura. Product Manager. Basado en Rosario, Argentina, pero a uno o dos vuelos de cualquier lugar. edgardo@aviacionline.com

1 COMENTARIO

  1. La realidad del sistema AEROPORTUARIO de México, está enroscado a un grupo de depredadores de servicios públicos; quienes sin conocimiento profesional del tema de AERONAUTICA CIVIL se han propuesto una CARTELIZACION del servicio de aeropuertos que los Estados han subsidiado para fomentar y desarrollar el TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL CIVIL. Estas denominadas CONCESIONES AEROPORTUARIAS, han sido realizadas con un ventajismo electorera de estos grupos depredadores de servicios públicos. Ello en razón de que la razón de estás concesiones de aeropuertos han sido concebidas para darle agilidad al servicio que por sus funciones requiere la toma de decisiones sin retardos burocráticos que comprometan la seguridad del transporte aéreo. El Estado realiza una fuerte inversión en la construcción de un aeropuerto representada en miles de millones de dólares incluidos todos los servicios de ayudas a la navegación aérea, bomberos aeronáuticos, servicios médicos de emergencia y control sanitario, servicio de seguridad identificación e inmigración, según el tipo de aeropuerto y de acuerdo a lo establecidos por la Organización de Aviación CIVIL “OACI” (ICAO en ingles); una gran inversión del Estado desde el proyecto y selección del sitio hasta su culminación y puesta en servicio.
    Basado en ese costo de la infraestructura del aeropuerto, la agilidad necesaria para su operación y el apoyo decidido al desarrollo del transporte aéreo comercial civil; se decide la concesión del aeropuerto o un conjunto de ellos, para que tengan un desarrollo, modernización, mantenimiento y operación acordé con el crecimiento del país y su economía.
    Aquí un grupo de depredadores y negados con el espíritu de la concesión del aeropuerto se unen en CARTELES para explotar económicamente, esa gran inversión del Estado dirigida al desarrollo del transporte aereo comercial civil, inventando Tarifas de Uso Aeroportuarios que debe ser impuestos cobrados por la SHCP provenientes de la inversión de Estado, al igual que los derechos de aterrizaje y usos de los servicios de ayudas a la navegación aérea.
    Ahora bien estos concesionarios de aeropuertos cobran por sus servicios y por las inversiones que hacen para el desarrollo y modernización, cobros estos excecivos en relación al trabajo. Un aeropuerto como CANCUN con 140.000.000 millones de pasajeros genera ingresos solo por TUA a $40/pax de 280.000.000 de dólares más todos los ingresos por concesiones comerciales dentro del aeropuerto, derechos de aterrizaje, derechos de radio ayudas, servicios en tierra, venta de combustible, etc. etc, representan más de 6.000.000.000 en pesos mexicanos son más de 10.000.000.000 que deberían ingresar a Secretaría de Hacienda pero ingresan a las concesionarias e inflas sus acciones con los bienes del Estado.

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