El gobierno y los ex empleados de Pluna alcanzaron un acuerdo para que la nueva aerolínea Alas-U comience a volar antes de fin de año, meses en que se registra la zafra para el negocio aéreo por el tráfico de turistas.
En líneas generales el negocio planteado será volar a destinos de la región.
Alas-U utilizará tres aviones de los siete Bombardier –propiedad hoy de un fideicomiso estatal– que están parados en el aeropuerto de Carrasco sin volar desde hace casi un año, cuando se decidió liquidar la aerolínea. Los otros cuatro aviones serán devueltos al fabricante o se intentará venderlos a través de un broker internacional, informaron a El Observador fuentes del gremio.
El Poder Ejecutivo alcanzó el jueves pasado un preacuerdo con los empleados que será firmado hoy o mañana, momento en que se hará el anuncio con los detalles del negocio. Las fuentes informaron asimismo que el gobierno aceptó el pedido del gremio de otorgarle dos años de gracia antes de empezar a pagar por los aviones que cubrirán rutas a destinos regionales. También está acordado que el Fondo de Desarrollo (Fondes) habilitará un préstamo a Alas-U por u$s 15 millones que servirá para capitalizar a la nueva compañía. El gobierno manejó varias opciones para los siete Bombardier de Pluna.
Uno de los principales problemas es la posibilidad cierta de que las aeronaves sean secuestradas judicialmente una vez que aterricen en el exterior. Eso es por las deudas que dejó Pluna en varios países donde se iniciaron juicios ya sea de trabajadores de la empresa o pasajeros que pagaron sus pasajes y no pudieron volar. Por ello, el gobierno contrató los servicios de varios estudios jurídicos de la región y de Uruguay para conocer si los aviones pueden ser incautados. La respuesta que recibió es que el riesgo ‘es alto‘.
Ante ello, el gobierno le comunicó al gremio que no dispondrán de esos siete aviones. Los trabajadores estaban igualmente dispuestos a utilizar todos los Bombardier, pero finalmente les dará tres y entregará los otros cuatro.
Para el gremio, hasta ahora ningún juez libró una orden de embargo. Según se informó, la compañía Alas-U afrontará las consecuencias si uno de esos aviones es incautado por orden judicial. De todas maneras, el Estado uruguayo seguirá pagando por dos años las cuotas de los aviones que se adquirieron a través del banco canadiense Scotiabank y que fueron comprados con garantía estatal, uno de los aspectos que más criticó la oposición política de la asociación con Leadgate.
En la reunión del jueves pasado entre el gobierno, el sindicato y el PIT-CNT, el Poder Ejecutivo solicitó “mantener en reserva” la información recibida. Ante ello, la dirigencia gremial suspendió una asamblea que iba a realizar el jueves de noche, para que no se filtraran datos a la prensa. Por el gobierno negocian el secretario de la Presidencia, Homero Guerreo y el asesor en temas económicos, Pedro Buonomo. Guerrero se limitó a comentar a El Observador que el acuerdo “está casi cerrado” y se dará a conocer esta semana. César Iroldi, dirigente del gremio, comentó que la idea es comenzar a volar en el último trimestre de este año.
Resolución judicial
Mientras tanto, la Justicia investiga varias denuncias contra Pluna. Una la presentaron legisladores del Partido Nacional ante un eventual vaciamiento de la aerolínea; la otra la presentó Ancap por el libramiento de cheques sin fondo y la tercera fue iniciada de oficio por el fiscal Juan Gómez para determinar si hubo irregularidades en la concesión del aval a la empresa Cosmo.
El nuevo personal será seleccionado de la bolsa de trabajo de Pluna, pero aún no se definió cuántos serán contratados para tres aviones.
Fuente: El Cronista
